En Campeche, el trabajo periodístico de Tribuna y del reportero Jorge González Valdez seguirá bajo supervisión oficial. Un fallo judicial dispuso que, por tres meses más, cualquier publicación que mencione a la gobernadora Layda Sansores San Román deberá someterse a un proceso de revisión previa antes de ser difundida.
La decisión fue tomada durante una audiencia realizada el 15 de septiembre, en la que la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May resolvió extender las restricciones que ya estaban vigentes contra la empresa editora Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., y que ahora incluyen directamente al periodista.
El esquema de control funciona de la siguiente manera: cada nota debe enviarse a un censor nombrado por el Poder Judicial, quien dispone de un máximo de 30 minutos para autorizar su publicación, sugerir cambios o negar por completo la difusión, tanto en medios impresos como digitales.
El tribunal justificó la medida señalando que busca evitar expresiones que puedan ser consideradas ofensivas o discriminatorias hacia la mandataria estatal. Sin embargo, la resolución también establece sanciones legales contra la casa editorial y contra González Valdez en caso de incumplimiento, lo que endurece las condiciones de la medida cautelar.
La empresa afectada sostuvo que esta resolución consolida un esquema de censura previa y lo hace aún más rígido al incorporar de manera individual a un periodista dentro del control judicial. Con ello, cada pieza informativa sobre la gobernadora queda condicionada a la aprobación de un funcionario externo al medio.
El caso ha generado nuevas preocupaciones entre defensores de la libertad de prensa, pues marca un precedente en el que la producción de contenidos periodísticos en Campeche queda sujeta a autorización judicial, limitando de manera directa el ejercicio informativo durante otro trimestre completo.
