La reforma a la Ley de Expropiación de Campeche, aprobada recientemente por la mayoría de Morena y sus aliados, será impugnada por la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Diputados de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad al considerar que la medida pone en riesgo la propiedad privada y no brinda garantías jurídicas a los ciudadanos.
El dictamen avalado en el Congreso local establece que la Secretaría de Finanzas será la encargada de tasar los terrenos expropiados y que el pago podría diferirse hasta por diez años. Asimismo, otorga solo cinco días a los afectados para interponer quejas, lo que, según legisladores opositores, vulnera derechos humanos básicos y limita el acceso a la defensa legal.
Los coordinadores parlamentarios de MC y PRI coincidieron en que la aprobación de la norma careció de apertura al diálogo y que la prisa con la que fue discutida dejó sin atender propuestas que habrían ofrecido mayores garantías a los ciudadanos.
Recordaron que organizaciones empresariales también han señalado que la ambigüedad del texto genera un clima de incertidumbre patrimonial en el estado.
En ese contexto, el diputado Miguel Ángel Pool Alpuche advirtió que no se trata de respaldar al exmandatario Alejandro Moreno Cárdenas, como se ha interpretado en algunos sectores, sino de impedir que una reforma con deficiencias legales comprometa los derechos de propiedad. Consideró que Morena privilegió un discurso político de confrontación antes que un análisis técnico.
De acuerdo con Pedro Armentía López, de MC, ya cuentan con 13 firmas —suficientes para presentar el recurso—, aunque mantienen acercamientos con legisladores panistas para ampliar el bloque.
La llamada “Ley Alito” fue aprobada con 18 votos en favor y 13 en contra, lo que refleja la polarización en el Congreso campechano y anticipa que la disputa por su validez se trasladará ahora al máximo tribunal del país.
