El Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC) pidió un diálogo urgente con autoridades estatales y legisladores para asegurar que la Ley de Expropiación se aplique de manera justa, evitando que se convierta en un instrumento de presión política o abuso administrativo.
La advertencia surge tras la reciente reforma a la ley, que ha generado preocupación en el sector privado por los posibles riesgos a la seguridad jurídica y al patrimonio de los ciudadanos.
Aunque el CCEC reconoció la necesidad de actualizar una norma vigente desde hace más de 40 años, calificó la reforma como insuficiente para proteger a propietarios e inversionistas en la entidad.
Uno de los principales señalamientos es el plazo de cinco días que la ley concede a los afectados para ejercer su derecho de audiencia, considerado demasiado corto para una defensa adecuada. Además, la falta de mecanismos de notificación claros podría dejar a los propietarios sin conocimiento real de los procesos.
La ley también permite que las indemnizaciones se paguen hasta en diez años, lo que el CCEC describió como un “despojo diferido”. Por ello, exigen que los pagos se realicen en un máximo de tres años y que los avalúos sean realizados por especialistas independientes.
De no corregirse estas deficiencias, el organismo advirtió que la reforma podría inhibir nuevas inversiones y reforzar la percepción de inseguridad jurídica, generando un efecto contrario al desarrollo que se busca impulsar en Campeche.
