La Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad, que el Congreso del Estado aprobó fast track, es una medida que pone en riesgo el patrimonio de las familias al permitir expropiaciones con pagos diferidos y sin mecanismos de defensa administrativa, a decir de la oposición.
De acuerdo con la reforma, impulsada por el Ejecutivo estatal, la declaratoria de utilidad pública será suficiente para que el gobierno ejecute procesos de expropiación, ocupación temporal o servidumbres administrativas. El dictamen establece que, una vez publicada en el Periódico Oficial del Estado, la autoridad podrá tomar posesión inmediata de los bienes notificados, sin que exista la posibilidad de recurrir a un recurso administrativo.
Uno de los cambios más polémicos es el relativo a las indemnizaciones, que podrán pagarse en un plazo de hasta diez años, a diferencia de los 45 días que establece la normativa federal. Además, la compensación se calculará con base en la última transacción registrada del inmueble, lo que deja fuera el valor de plusvalía generado con el crecimiento urbano o con desarrollos comerciales cercanos.
Legisladores del PRI y de Movimiento Ciudadano alertaron que esta medida afectará a quienes recibieron terrenos en herencia o los adquirieron hace décadas, ya que sus propiedades serían valuadas a precios desfasados. Señalaron también que la única vía legal será el amparo, pero advirtieron que la cercanía del poder judicial local con el Ejecutivo estatal limita la viabilidad de este recurso.
En contraste, diputados de Morena y el Partido del Trabajo defendieron la aprobación al señalar que el municipio de Campeche carece de reservas territoriales para proyectos de vivienda social y vialidades. Afirmaron que la reforma busca frenar la especulación inmobiliaria y recordaron que el exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas enfrenta investigaciones por la presunta adquisición irregular de predios en zonas de alta plusvalía.
La gobernadora Layda Sansores respaldó la medida y sostuvo que la concentración de tierras en manos de particulares ha frenado el desarrollo económico del estado. Sin embargo, la llamada “Ley Chávez-Sansores” ha provocado una fuerte división política y mantiene la incertidumbre sobre sus implicaciones legales para la ciudadanía campechana.
