El Tribunal Superior de Justicia de Campeche ratificó las medidas cautelares contra el periodista Jorge González Valdez, decisión que refuerza los señalamientos de censura en la entidad. La resolución obliga a que todas sus publicaciones sean vigiladas por la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, con el fin de impedir que emita expresiones críticas hacia la gobernadora Layda Sansores.
La misma determinación afecta a la organización editorial Tribuna, que deberá notificar cada nota donde se mencione a la mandataria. Dicho material será revisado por el área de Derechos Humanos del propio Tribunal, que decidirá si procede alguna sanción, pese a que esa instancia carece de criterios periodísticos para evaluar el contenido informativo.
Con esta decisión, el periodista queda sujeto a un mecanismo de supervisión constante que limita de facto su libertad de expresión, mientras que el medio queda expuesto a un control externo que condiciona la publicación de información sobre el gobierno estatal.
La ratificación de estas restricciones se produjo el 29 de agosto, justo cuando circuló en redes sociales una fotografía de Sansores junto a jueces y magistrados electos que aún no asumen sus cargos. En la imagen también aparece su asesor jurídico Juan Pedro Alcudia, lo que alimentó críticas de que la gobernadora busca mostrar ascendencia sobre el Poder Judicial.
Tribuna calificó la resolución como un acto de censura que viola los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, los cuales garantizan el derecho a la libre expresión, así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe restricciones indirectas al trabajo periodístico.
El endurecimiento de estas medidas confirma un escenario en el que la libertad de prensa en Campeche enfrenta limitaciones cada vez mayores, mientras la cercanía pública entre el Ejecutivo y los próximos integrantes del Tribunal refuerza la percepción de un poder judicial subordinado.
