Si la Agencia Reguladora del Transporte del Estado (ARTEC) no frena la operación irregular de unidades de plataformas digitales en 7 días, taxistas y ayudantes de Carmen amenazaron con parar labores o incluso migrar a ese esquema de transporte de pasajeros para evadir los pagos e impuestos que hoy les exige el gobierno estatal.
El malestar se centra en que, mientras el sector tradicional cumple con permisos, licencias y pagos que alcanzan hasta los 20 mil pesos anuales, los conductores de aplicaciones circulan sin las mismas obligaciones. Esta situación, denunciaron, los coloca en una competencia desleal que golpea de manera directa a su economía.
Los trabajadores señalan además que la ARTEC no ha querido abrir espacios de diálogo con los martillos, bajo el argumento de que no representan a un sindicato formal. Esa negativa, advierten, deja sin voz a un sector que forma parte esencial del transporte público en la isla.
El ultimátum vence el 4 de septiembre. De no haber respuesta antes de esa fecha, los taxistas y sus ayudantes iniciarán movilizaciones, con la posibilidad de paralizar el servicio en el municipio como medida de presión contra la autoridad estatal.
Al mismo tiempo, evalúan la opción de incorporarse ellos mismos a las plataformas digitales, lo que implicaría dejar de pagar al gobierno estatal los trámites e impuestos que hasta ahora se les exigen. “Si las reglas no son iguales para todos, no tiene sentido seguir cargando con obligaciones que otros evaden”, expresaron.
Aunque descartaron recurrir a la violencia, los inconformes subrayan que el conflicto impacta directamente en el sustento de sus familias. Por ello, insistieron en que el Estado debe definir si regulará de manera efectiva a las plataformas o seguirá permitiendo su operación sin control, mientras el sector tradicional asume los costos.
Este desencuentro vuelve a evidenciar la falta de regulación en el transporte público frente al avance de las aplicaciones, un fenómeno que también ha generado tensiones en otras entidades del sureste como Yucatán y Quintana Roo, donde los taxistas han protagonizado protestas similares por la falta de piso parejo en el sector.
