Las primeras consecuencias del Tren Ligero en Campeche ya se reflejan en las viviendas cercanas a la obra: inundaciones en colonias que antes no sufrían encharcamientos severos. Vecinos señalan que la construcción de la pista interrumpió el flujo natural del agua, mientras especialistas advierten que el proyecto fue levantado sin estudios adecuados de suelo ni planeación urbana.
El nuevo transporte fue clasificado como “obra prioritaria” por el gobierno estatal, lo que permitió que se exentara de permisos y trámites municipales. Con ello, se ignoraron advertencias sobre la necesidad de respetar registros pluviales y pasos naturales de escurrimiento.
Arquitectos consultados coinciden en que la elevación de la plancha de concreto bloqueó salidas de agua y que los pozos de absorción instalados no compensan el impacto de la infraestructura. Las lluvias recientes han evidenciado esas deficiencias, y los afectados anticipan que las pérdidas materiales podrían agravarse con la próxima temporada de ciclones.
El caso recuerda lo ocurrido con otras obras catalogadas como estratégicas, como el Tren Maya, donde la declaratoria de prioridad sirvió para acelerar la construcción sin resolver cuestionamientos ambientales ni urbanos. Especialistas consideran que esa lógica de “primero construir y luego corregir” terminará generando conflictos legales.
En Campeche, la preocupación se extiende también al patrimonio cultural del centro histórico, catalogado por la UNESCO, que podría resentir los efectos de un drenaje deficiente si las inundaciones se vuelven recurrentes.
Organizaciones civiles, entre ellas la recién creada Asociación Arquitectos Revolucionarios de México, insisten en que la única salida real es replantear la gestión urbana y adoptar soluciones estructurales, como vasos reguladores, antes de que los daños sean irreversibles.
