A más de un año del operativo fallido en el penal de San Francisco Kobén, 192 policías fueron despedidos, 78 suspendidos y permanecen pendientes 58 expedientes por resolverse.
El procedimiento se llevó a cabo el 15 de marzo de 2024 y derivó en la apertura de 420 expedientes administrativos. En 93 casos se determinó que los elementos no tenían responsabilidad, mientras que los involucrados restantes recibieron las sanciones correspondientes por su participación en la protesta que duró 104 días.
El consejero jurídico, Juan Pedro Alcudia Vázquez, destacó que la Consejería tiene facultades legales para representar al Estado según el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Subrayó que todas las medidas se realizaron conforme a derecho, con revisión exhaustiva de cada expediente.
En el ámbito judicial, 129 policías interpusieron juicios de amparo contra el Gobierno estatal. De estos, 24 ya se resolvieron a favor del Estado, 63 obtuvieron sentencia favorable en primera instancia y 42 permanecen pendientes de audiencias constitucionales o revisión ante tribunales superiores.
Además, 42 juicios contencioso-administrativos siguen en trámite ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Según la Consejería, las resoluciones ya emitidas respaldan la legalidad de las sanciones y confirman que los procedimientos disciplinarios fueron constitucionales.
Con los casos pendientes en curso, el Gobierno mantiene abiertos los procesos administrativos y judiciales, asegurando que cada recurso interpuesto por los policías sea atendido conforme a la ley y que las sanciones aplicadas estén debidamente fundamentadas.
