En Campeche, tres comunicadores fueron forzados a emitir disculpas públicas hacia la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, tras una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) que calificó sus expresiones como violencia política en razón de género. La medida ha reavivado el debate sobre el alcance de las sanciones judiciales contra periodistas.
La decisión judicial señala que Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali emplearon expresiones ofensivas y estereotipadas contra la mandataria durante una transmisión del programa digital La Barra Noticias. El TEEC ordenó que los tres leyeran un texto previamente elaborado por la autoridad, en el que se reconoce la agresión y se ofrece la disculpa.
El documento indica que las declaraciones no solo afectaron la imagen de la funcionaria, sino que también constituyeron violencia digital y mediática. Según el tribunal, estos elementos justifican la aplicación de medidas correctivas para prevenir la repetición de conductas similares.
Abraham Martínez informó que, aunque interpusieron un recurso de apelación, la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la sentencia. Añadió que, en su caso, enfrenta además otras cinco demandas impulsadas por autoridades estatales por presunto daño moral, difamación y violencia política de género.
El caso se suma a otras resoluciones recientes en Campeche. Dos juezas de control dictaron que el periodista Jorge González Valdez y el periódico Tribuna se abstengan de mencionar a la gobernadora, y ordenaron al Tribunal Superior de Justicia designar a un censor que supervise el contenido del diario y las publicaciones personales del comunicador.
Estas acciones judiciales, que incluyen desde disculpas públicas hasta la intervención directa en contenidos periodísticos, marcan un precedente en la relación entre el poder político y la prensa en Campeche, con implicaciones para el ejercicio de la libertad de expresión en la entidad.
