El caso del periodista Jorge Luis González Valdez ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión, luego de que un juzgado en Campeche impusiera nuevas restricciones que limitan su labor informativa y la del medio digital Tribuna Campeche. Las medidas obligan a que sus contenidos pasen por revisión previa, lo que especialistas consideran un acto de censura.
La jueza interina Ana Maribel de Atocha Huitz May determinó el pasado 15 de julio que el programa Expedientes, conducido por González, deberá contar con un censor, además de prohibirle mencionar a la gobernadora Layda Sansores sin autorización judicial. Esto ocurre a pesar de que una resolución federal previa ya había declarado inconstitucionales medidas similares.
Para Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, estas acciones judiciales forman parte de un preocupante patrón autoritario. Afirmó que el caso refleja una “escalada en la censura” promovida desde el poder estatal, y que la imposición de controles previos a contenidos periodísticos es incompatible con la Constitución y tratados internacionales.
La organización Alianza de Medios Mx también condenó las nuevas disposiciones, calificándolas como una forma de censura previa. Señaló que el uso del sistema judicial para condicionar la cobertura crítica constituye una amenaza directa al ejercicio libre del periodismo en México.
La censura judicial ocurre pese a que el pasado 9 de julio un tribunal federal había revocado otras medidas similares, como la suspensión del ejercicio profesional de González y la clausura de la plataforma informativa que dirigía desde hace más de tres décadas.
Organizaciones como Artículo 19 y Alianza de Medios advierten que el caso podría sentar un grave precedente, en el que tribunales locales actúen como instrumentos para silenciar voces críticas. También manifestaron su preocupación por la falta de contrapesos reales frente al poder político.
Ambas agrupaciones llamaron a los poderes judiciales locales y federales a respetar los principios constitucionales y garantizar que ningún periodista sea castigado por informar. Advirtieron que, de replicarse este tipo de decisiones en otros estados, se pondría en riesgo la democracia misma.
