Trabajadores bloqueaban el acceso a un campamento en Calakmul, Campeche, para exigir el pago de su finiquito a la empresa Java Construcciones, cuando hombres armados irrumpieron en el sitio y dispararon contra ellos. En el ataque fue asesinado Carlos Enrique, de 21 años y padre de dos menores; otro obrero resultó herido.
La protesta había comenzado días antes, tras detectar que la empresa —contratada para labores en el acueducto Xpujil–López Mateos en coordinación con el Ejército Mexicano— intentaba retirar maquinaria sin saldar los adeudos laborales. Tras tres días de bloqueo, el conflicto terminó en violencia y sin presencia de autoridad alguna para mediar o proteger a los trabajadores.
Ni Java Construcciones ni las autoridades militares han ofrecido declaraciones. El silencio oficial ha encendido críticas entre organizaciones laborales y habitantes de la región, que denuncian el abandono institucional frente a la precariedad laboral y los riesgos que enfrentan quienes reclaman sus derechos.
Carlos Enrique no exigía otra cosa que lo que marca la ley: el pago de prestaciones tras la finalización de un contrato, como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y, en caso de despido, indemnización. Son derechos laborales básicos, pero con frecuencia negados en contextos de subcontratación y desprotección.
Aunque la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) brinda asesoría y representación gratuita a trabajadores, su alcance en zonas como Calakmul es limitado. El asesinato de Carlos deja al descubierto los vacíos de justicia que persisten cuando exigir lo justo cuesta la vida.
