El proyecto de instalación del ducto energético en Campeche enfrenta un freno en la región del Camino Real, donde ejidatarios de municipios como Tenabo, Hecelchakán, Dzitbalché y Calkiní se niegan a permitir el uso de sus tierras ante la falta de un acuerdo sobre el pago por metro cuadrado. Sin embargo, en otros puntos del estado, como Champotón, Seybaplaya y la capital campechana, las obras continúan sin contratiempos.
Los ejidos de Blanca Flor y Pomuch, así como el de Calkiní, han solicitado una compensación de 500 pesos por metro cuadrado, muy por encima del avalúo oficial emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), lo que ha generado un estancamiento en esa zona del proyecto. De acuerdo con autoridades, aún se está en etapa de negociación y se busca evitar llegar a un proceso de expropiación.
Carlos García Basto, director de la Agencia Estatal de Energía, señaló que aunque aún no hay una solución en los municipios del Camino Real, en el sur del estado el ducto sí avanza conforme a lo previsto, con la expectativa de que en los próximos días se puedan alcanzar acuerdos que permitan destrabar los tramos pendientes.
La inconformidad de los ejidatarios también se debe a que, según denuncias difundidas en redes sociales y medios locales, representantes de Engie México ofrecieron 30 pesos por metro cuadrado, cifra que fue rechazada en asambleas oficiales. La empresa, respaldada por autoridades federales, argumenta que el trazo del ducto no implica daños a terceros ni afecta cultivos, lo cual justifica el monto propuesto.
Ante esta situación, ejidatarios de Maxcanú, Yucatán —quienes vivieron una experiencia similar con el Tren Maya— han manifestado su respaldo a las comunidades campechanas y han propuesto crear un frente común para exigir condiciones justas en los pagos.
El funcionario estatal reiteró que el proyecto será clave para impulsar zonas industriales y generar empleo en la región, pero evitó dar detalles sobre plazos de pago.
