Ejidatarios del núcleo agrario Moch Cohuó, en el municipio de Hecelchakán, denunciaron la venta presuntamente ilegal de más de 63 mil hectáreas de tierra que incluyen la zona arqueológica de Dzehkabtún, ex haciendas y terrenos de producción agrícola, a favor del empresario español Carlos Diez. La transacción, formalizada en noviembre de 2021 por la inmobiliaria “Costa Verde”, ha generado una intensa disputa legal y social.
Avelino Miss Pedraza, ex comisario ejidal y uno de los voceros de los campesinos, advirtió que esta operación representa un atentado contra la propiedad federal y el patrimonio colectivo. “Esa tierra es de todos. Ahí está Dzehkabtún, una zona arqueológica que pertenece a la nación, no puede ser parte de una compra privada”, expresó.
El conflicto ha escalado a nivel judicial. Miss Pedraza, junto con otros tres ex comisarios ejidales, enfrenta denuncias penales por presunto despojo, invasión y pandillerismo. Las acusaciones provienen del propio Carlos Diez, quien alega ser propietario legítimo tras la firma de la compraventa ante el notario Jorge Luis Ortega González, el 30 de noviembre de 2021.
La venta no solo compromete un sitio arqueológico, también amenaza el sustento de más de 120 familias campesinas. En esas tierras operan actualmente apiarios, potreros, unidades ganaderas y parcelas mecanizadas que han sido trabajadas por décadas, según relataron los ejidatarios.
Miguel Hernández, otro de los afectados, recordó que desde 1989 existe una solicitud formal de ampliación del ejido, registrada en el Periódico Oficial del Estado. Aunque el proceso lleva décadas detenido, los estudios topográficos ya están documentados, lo que refuerza su reclamo territorial.
A pesar de la orden judicial que protege temporalmente las tierras por 30 días —emitida por la jueza Jacqueline Cervera Sánchez—, los ejidatarios se preparan para una larga defensa legal. Cuentan con el respaldo de la gobernadora Layda Sansores y asesoría del subsecretario Carlos Baqueiro Cáceres.
“Que no dejen de sembrar. Esa tierra es la que nos da de comer”, exhortó el comunero Rogelio Ramos Pérez, haciendo un llamado a la resistencia pacífica mientras se resuelve el caso en los tribunales. La próxima audiencia está programada para el 26 de junio.
