Trabajadores del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche (Indajucam) han sido presionados para firmar sus renuncias, mientras que quienes se niegan a hacerlo son enviados sin previo aviso a otros municipios, denunció el diputado priista Jorge Salim Abraham Quijano ante el Congreso estatal.
El legislador alertó que entre 10 y 20 empleados han sido víctimas de esta práctica por parte de la Secretaría de Gobierno. Además, señaló que estos movimientos carecen de sustento legal, ya que no se informa de los motivos ni se cubren los gastos de traslado, violando así la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.
El caso de Ana Esperanza Marrero Cruz, con más de una década de servicio, ejemplifica la situación. Asegura que fue presionada para firmar su renuncia en blanco y, al negarse, fue notificada de su reubicación inmediata a la sede de Carmen, en lo que considera una represalia de índole política.
Diputados de Movimiento Ciudadano calificaron como inadmisible que un organismo encargado de garantizar la justicia incurra en actos que vulneran derechos laborales. Pedro Armentía López y Aldo Contreras señalaron que existen denuncias de acoso y malos tratos desde el cambio de titular de la institución, sin que la Secretaría de la Contraloría haya iniciado investigación alguna.
Ante estos hechos, se exige la comparecencia del titular del Indajucam y la intervención de diversas comisiones legislativas para detener estas prácticas. También se pide garantizar el debido proceso a los trabajadores y sancionar a los responsables.
La denuncia plantea un llamado urgente a frenar el uso político del aparato institucional y a proteger los derechos de quienes sirven en la administración pública campechana.
