Más de 400 millones de pesos fueron destinados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) de Campeche para la compra de 15 tractores agrícolas, operación que ha sido señalada como irregular por diputados de Movimiento Ciudadano (MC), debido a que se realizó a través de una asociación facilitadora y no con un proveedor formal.
La organización beneficiada, Fundación AGF Ollimeztli, fue registrada apenas en mayo de 2024 y no tiene antecedentes como empresa proveedora de maquinaria. Cada tractor fue adquirido por encima de los 480 mil pesos, lo que representa, según legisladores, un sobreprecio en comparación con otras ofertas del mercado.
La diputada de MC, Diana Aguilar Ruelas, expuso el caso en tribuna y solicitó un punto de acuerdo para citar a comparecer al titular de la SDA, Ramón Ochoa Peña. Además, reveló que el empresario Luis Antonio Guzmán Collí, presuntamente vinculado a Ochoa Peña, podría estar relacionado con esta operación y otras adjudicaciones anteriores.
El coordinador de MC, Pedro Armentía López, señaló que hay sospechas de que los tractores son de origen chino, sin refacciones disponibles en el país, lo que los convertiría en equipos prácticamente desechables. También criticó que no se haya considerado a empresas campechanas para realizar la compra, pese a contar con capacidad para ello.
Desde Morena, la bancada oficialista no respondió directamente a las acusaciones sobre la SDA, y en su lugar, redirigió el debate hacia la empresa Goverdi, contratada por la Alcaldía de Campeche para servicios públicos. Acusaron que su desempeño es deficiente, aunque fue contratada mediante licitación pública.
El presidente del Congreso, Antonio Jiménez Gutiérrez, respaldó esa postura y afirmó que las críticas expresadas por MC aplican más a Goverdi que a la SDA. El diputado Omar Talango agregó que, pese al presupuesto destinado, los servicios de dicha empresa no muestran resultados claros.
Ante ello, Armentía López puntualizó que la diferencia central es que Goverdi fue seleccionada mediante un proceso legal y abierto, mientras que en el caso de la SDA se adjudicaron millones de pesos sin licitación, lo que podría constituir una falta grave conforme a la Ley de Administración Pública del Estado.
La oposición ha exigido transparencia y rendición de cuentas, mientras que el oficialismo insiste en desviar el foco hacia otras gestiones. El tema sigue generando tensión en el Congreso estatal.
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