El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó una demanda administrativa contra Full Circle Media, empresa responsable del contenido audiovisual de MrBeast, tras considerar que su video publicado el 10 de mayo hizo uso indebido de imágenes de zonas arqueológicas mexicanas con fines comerciales no autorizados por la institución.
La grabación incluyó tomas en Calakmul, Chichén Itzá y Balamcanché, ubicadas en Campeche y Yucatán, mostrando al youtuber dentro de templos, cenotes y estructuras históricas. Varias de estas áreas son consideradas restringidas por su alto valor patrimonial y por normas de conservación establecidas.
Si bien el INAH confirmó que se otorgaron permisos para la filmación, explicó que no se autorizaron contenidos con marcas, fines promocionales privados ni la edición de escenas que alteren la percepción del sitio. El descenso en helicóptero y la exhibición de una máscara prehispánica —que es una réplica— fueron ejemplos señalados por el instituto como inexactitudes relevantes.
La demanda busca una reparación por los daños ocasionados y exige una declaración pública de la productora, ya que, según el INAH, estas prácticas pueden dañar la imagen y la integridad de los espacios arqueológicos. Además, reafirmó que las colaboraciones deben cumplir estrictamente con los protocolos legales vigentes.
En contraste, antes de que se diera a conocer esta demanda, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, celebró la visita de MrBeast a Calakmul, agradeciendo su labor para difundir la riqueza de la cultura maya a nivel internacional y destacando que no cobró ni un peso por ello.
Sansores aseguró que todo el proceso fue realizado con respeto y bajo acompañamiento de autoridades estatales y federales, incluido el INAH. Además, resaltó los beneficios económicos y turísticos para las comunidades locales que trajo la exposición global del video, que superó los 50 millones de vistas en pocos días.
Ante la controversia legal, la mandataria pidió que, si existe alguna inconformidad, sea dirigida directamente al Gobierno del Estado y no al creador de contenido. Defendió que el material fue realizado con responsabilidad y que no representa una amenaza al patrimonio, sino una oportunidad para mostrarlo al mundo.
