La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) del estado de Campeche trabaja en una serie de modificaciones al Reglamento de Vialidad y Tránsito, con el objetivo de atender las constantes inconformidades ciudadanas respecto a la aplicación de sanciones y operativos. Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación de la medida de aseguramiento del vehículo por portar placas mal colocadas, aunque la infracción económica correspondiente seguirá aplicándose.
La titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, presentó el proyecto ante la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, como parte de una estrategia para modernizar y hacer más claros los criterios que rigen la supervisión del tránsito. La iniciativa incluye ajustes en diversos artículos del reglamento, con la intención de fortalecer la seguridad y la convivencia vial, así como de establecer reglas más precisas tanto para automovilistas como para peatones y ciclistas.
En declaraciones recientes, Muñoz Martínez defendió las acciones de revisión vehicular realizadas en diferentes puntos del estado, argumentando que estas han sido útiles para identificar personas con órdenes de aprehensión vigentes y evitar hechos violentos. Aseguró que las intenciones de la dependencia no son perjudicar a la ciudadanía, sino actuar en beneficio de la seguridad pública. Sin embargo, reconoció que ha existido falta de criterio en algunos agentes de vialidad al momento de sancionar, por lo que estas reformas también buscan mejorar la preparación y el desempeño de los elementos encargados de aplicar el reglamento.
La funcionaria insistió en que tanto quienes conducen como quienes caminan por la vía pública tienen responsabilidades y deben contribuir a una cultura vial más consciente. Por ello, reiteró que el enfoque de los cambios es preventivo, no punitivo, y pretende responder a una demanda legítima de la sociedad campechana.
Una vez analizado por la Consejería Jurídica, el proyecto será turnado al Poder Legislativo de Campeche. Su aprobación dependerá de los tiempos del Congreso, aunque no se descarta que pueda recibir un trato prioritario si se considera de urgente resolución. La propuesta marca un paso importante en la intención del gobierno estatal de armonizar la ley con las necesidades reales de movilidad y seguridad de la población.
