La Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) se ha colocado como la institución con más irregularidades en el manejo de recursos federales de las 12 universidades públicas y autónomas evaluadas., según el informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondiente al ejercicio fiscal 2023.
Con un total de 225 millones 368 mil 897.89 pesos sin justificar, la UACAM concentra el 44.9% del monto total observado a nivel nacional.
El informe fiscalizador detalló que, de los 760 millones 252 mil 900 pesos revisados, que corresponden al 72% de los mil 53 millones 53 mil 600 pesos transferidos a la UACAM, una parte significativa no fue comprobada ni justificada adecuadamente.
Esta situación pone en evidencia fallas graves en la administración de recursos dentro de la institución, lo que ha generado preocupaciones sobre la transparencia y el manejo de los fondos públicos.
Entre las irregularidades más comunes detectadas en la UACAM se encuentran recursos no ejercidos sin devolver, gastos sin comprobación, pagos a trabajadores inexistentes y pagos por plazas no autorizadas. Estos hallazgos son similares a los reportados en otras universidades del país, pero la magnitud de las anomalías en la UACAM la coloca en una posición preocupante.
De hecho, la universidad campechana ha superado en casi el doble a otras instituciones con irregularidades, como la Universidad Autónoma de Nayarit.
El rector de la UACAM, José Alberto Abud Flores, ha negado en diversas ocasiones que exista mal manejo de los recursos o desvíos de fondos dentro de la universidad, a pesar de los hallazgos de la ASF. Sin embargo, las observaciones de la Auditoría Federal son claras y apuntan a una deficiente justificación en el ejercicio de los recursos federales.
La situación de la UACAM genera una fuerte preocupación, no solo por el monto de los recursos no comprobados, sino también por la falta de transparencia en la gestión de fondos públicos. Es necesario que las autoridades correspondientes tomen acciones contundentes para aclarar esta situación y garantizar que los recursos federales se destinen de manera adecuada para fortalecer la educación en el estado y en el país.
