A un año del fallido operativo en el Centro de Readaptación Social (Ceresos) de Kobén, expolicías se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Campeche. Los elementos cesados tras el fallido operativo, exigen el pago de sus liquidaciones y un alto a las represalias por parte de la titular de la Secretaría, Marcela Muñoz.
Bajo el lema “mi voz no será callada y con cinta adhesiva tapando sus bocas, los expolicías demandaron que el gobierno estatal cumpla con sus derechos laborales. “Lo único que pedimos es que se nos pague lo que nos corresponde, no estamos pidiendo nada fuera de la ley”, señaló uno de los manifestantes.
Los protestantes afirman que, a un año del fallido operativo, no han recibido justicia y que continúan siendo víctimas de acoso laboral por parte de las autoridades. Según su testimonio, hasta la fecha alrededor de 250 elementos han sido cesados, y algunos aún están siendo dados de baja. Un caso que ha conmocionado a los manifestantes es el de un compañero que, con 29 años de servicio, fue removido de su puesto en vísperas de su jubilación, un acto que consideran injusto.
“Responsabilizamos al gobierno de todas las acciones que sean tomadas en contra de los compañeros. No queremos más represión”, afirmó uno de los manifestantes.
En entrevista, recriminaron que el exmando policial Antonio Saradán Solís, quien, se dijo había sido cesado tras el operativo fallido que él había organizado, sigue desempeñando funciones dentro de la institución. “Es una burla para los campechanos”, expresaron los manifestantes al respecto.
Los exuniformados hicieron un enérgico llamado al gobierno estatal para que les otorgue sus respectivas liquidaciones, una demanda que, hasta el momento, ha sido “prácticamente truncada” por el gobierno de la entidad.
