Luego que diputadas federales y locales se inconformaran ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la supuesta posesión de imágenes sexuales en manos de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, el órgano electoral federal ordenó inscribir a la mandataria estatal en el Registro Nacional de Agresores Políticos en Razón de Género tras asegurar que Sansores San Román sí incurrió en este delito.
El TEPJF desestimó el dictamen del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) que quitó responsabilidad a la gobernadora en primera instancia, pues el órgano federal argumentó que la mandataria fue agresora confesa, y desde ese momento el tribunal local debió realizar las diligencias adecuadas para proteger a las legisladores inconformes.
En este sentido, la mandataria estará inscrita por cuatro años y seis meses en el registro nacional de agresores, lo que le impediría participar en una elección popular como candidata, o trabajar en el servicio público en los 17 estados donde ya se homologó la Ley 3 de 3 que precisamente imposibilita a agresores de diversas índoles a ser candidatos o trabar en cualquier orden de gobierno. Esta ley también quita derechos electorales a deudores alimentarios y agresores físicos.
Junto a la mandataria estatal, también fueron inscritos el dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Campeche, Erick Reyes León, pues también difundió el mismo mensaje que la mandataria en sus llamadas (conferencias) Mañaneras. El dirigente partidista estará en esta lista por dos años.
En el mismo tenor estarán inscritos por dos años ocho meses, Walther Patrón Bacab y Raúl Sales Heredia, director de la Unidad de Comunicación Social (UCS) del Gobierno del Estado, y el segundo, director general de Televisión y Radio de Campeche (TRC), que es el medio institucional del gobierno estatal; el motivo por el cual estos ingresan al registro es porque uno funge como productor del Martes del Jaguar, programa donde la gobernadora reveló dicha información, y el segundo porque son los operadores del equipo de transmisión.
Además de los mencionados, 24 personas más estarán inscritos de seis a dos años en este registro por compartir dicha transmisión y denostar con comentarios inapropiados a las legisladoras inconformes. Entre esas dos docenas de personas también está el analista político Alfredo Jalife y el periodista Ignacio Rodríguez, quienes estarán dicha lista por dos años.
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